Humedales

 -definir a los humedales

 -precisar objetivos de la ley 

 -identificar y definir las funciones y servicios ecosistémicos de los humedales

 -crear el Inventario Nacional de Humedales, fijarle un plazo y contenido.

 -Definir categorías para los humedales inventariados, dar algunos lineamientos generales para el uso racional, con distinta terminología, limitaciones y extensiones 

-precisar las autoridades de aplicación y sus competencias

 -establecer lineamientos para el ordenamiento de los humedales

 -crear un Fondo Nacional de Humedales, administrado por la autoridad de aplicación nacional y con fines taxativamente establecidos

 -establecer un régimen de sanciones.

-realizar un uso ambiental respetuoso y restaurar estos ecosistemas 

-consagrar expresamente el valor intrínseco/inherente de los humedales que asegure el mantenimiento de su integridad ecológica

-pensar la producción desde la conservación

-reconocer las identidades culturales asociadas a los humedales y diversificar la base de apoyo de los medios de subsistencia

principios de prevención, precaución, equidad intergeneracional, no regresión, in dubio pro natura, in dubio pro aqua, no discriminación, igualdad y perspectiva de género y respeto por la interculturalidad

es fundamental para poder respetar y proteger a las comunidades afectadas por la sobreexplotación de humedales, ya que la diversidad biológica y la diversidad cultural están entrelazadas.

Los inventarios deben de realizarse para institucionalizar una labor que se viene realizando desde hace unos años, que le permite a la ciudadanía acceder a información sobre los humedales, habilitando una vía para aportes/comentarios ciudadanos a través de un formulario

 no puede estar supeditada a la finalización del inventario y del ordenamiento territorial de los humedales. La ley debe entrar en vigor desde el momento mismo de su promulgación (por el Poder Ejecutivo o de hecho). 

Son 3: Evaluación Ambiental Estratégica, Evaluación del Impacto Ambiental y Evaluación de Impactos Acumulativos

Es necesario prever un mecanismo que sirva de contrapeso a los efectos que las jurisdicciones locales cumplan con la obligación de efectuar en tiempo y forma el ordenamiento de los humedales de su territorio, y usen de manera eficiente y estratégica las partidas presupuestarias recibidas, lo cual puede efectivizarse disponiendo la creación de un espacio de participación ciudadana que permita un control y seguimiento de la ejecución de los fondos recibidos por la provincia.

-Consagrar los principios de máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas 

-brindar información fácil de obtener y comprender para incentivar la participación ciudadana

-crear canales formales para la participación ciudadana y popular 

-enunciar expresamente en el texto de la ley el respeto al derecho de consulta y consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de pueblos indígenas conforme Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

-establecer como tarea a cargo de la autoridad de aplicación nacional: 1- el desarrollo de lineamientos claros a través de guías/protocolos de cómo llevar adelante procesos participativos efectivos en las diversas instancias de implementación de la Ley de Humedales, asegurando que se trate de una participación adecuada a las características sociales, económicas, culturales,geográficas y de género del público y 2- prever una articulación con el COFEMA con fines consultivos. 

El rango de las multas debe ser entre 1 a 100.000 sueldos básicos para dar flexibilidad al Poder Judicial, y que el mínimo no se ajuste a la situación configurada o pueda ser cuestionado por resultar confiscatorio.

Tiene por objeto evaluar las consecuencias o impactos ambientales durante la formulación de decisiones estratégicas por parte del sector gubernamental. Debe ser tenida en cuenta en todas aquellas decisiones que se tomen en forma previa a la instancia de los proyectos específicos, de modo de prevenir o mitigar los efectos ambientales que pudieran generar las decisiones en el marco del desarrollo sostenible.

que conforme la Ley General del Ambiente (artículo 11) aplicará, de manera previa a su ejecución, Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución. 

Tiene lugar cuando los impactos resultan de los efectos sucesivos, incrementales o combinados de un mismo proyecto o similar, así como también cuando a éste se suman los efectos de otros emprendimientos existentes, planificados y/o razonablemente predecibles.

las controversias ambientales deberán ser resueltas de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales

En congruencia con el principio In dubio pro natura, en caso de incertidumbre, las controversias ambientales e hídricas ante las cortes deberán resolverse, y las leyes aplicables interpretarse, de la manera en la cual sea más probable proteger y conservar los recursos hídricos y los ecosistemas relacionados

 Este principio de prohibición de retroceso enuncia que “la normativa y la jurisprudencia ambiental no deberían ser revisadas si esto implicare retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad y siempre que no se demuestre que tales retrocesos sean superiores al interés público ambiental’’

El primero actúa sobre emprendimientos específicos, concretos, en cambio el segundo evalúa, en materia ambiental, los impactos de políticas o programas del Estado